“La Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad no parte de cero. Somos un país reconocido por su institucionalidad en materia de evaluación, donde la coordinación ha sido siempre la forma de diseñar políticas”, enfatizó la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner al intervenir en el seminario para abordar el rol de esta propuesta de nueva institucionalidad que actualmente se tramita en el Congreso, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. En dicha instancia se expusieron las conclusiones de un paper de los académicos Cristián Crespo, Mariana Chudnovsky, Ignacio Irarrázaval, Felipe Morandé, José Manuel Sánchez y Bernardita Vial.

Berner recordó que esta iniciativa legal es parte de las 12 medidas de reformas al Estado definidas en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Por ello, se incluyó entre los 21 proyectos del fast track legislativo en el ámbito económico concordado con el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, “lo que refleja que hay voluntad política de sacarlo adelante esta vez, ya que se intentó sin éxito en las cuatro administraciones anteriores. Y como todo proyecto ley, se irá perfeccionando en el proceso legislativo”.

Advirtió que las políticas públicas no se evalúan para que alguien diga que se necesitan más recursos o dotación: “Si se evalúa es para buscar cómo mejorar con los recursos disponibles. Porque de lo contrario podríamos llegar siempre a la misma solución: que se debe aumentar el presupuesto”. Asimismo, dijo que la finalidad tampoco es necesariamente cerrar programas, porque si existen es para responder a necesidades o dar solución a problemas específicos.

Potenciar sinergias en evaluación y productividad

La subsecretaria descartó que la atomización de las evaluaciones haya sido parte del diagnóstico con que se abordó el proyecto: “No vemos que ese sea el problema, ya que en Chile se ha venido afinando el sistema de evaluación. La evaluación ex post la lleva la Dirección de Presupuestos (Dipres) y si bien tanto ésta como la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) están en el Ministerio de Hacienda, bajo la estructura de la Agencia —que se mantendrá al alero de Hacienda—se potenciarán sus sinergias. Más bien nuestro diagnóstico partió de la necesidad de realizar sistemáticamente evaluaciones de impacto regulatorio, lo que derivó en que existan más de 300 permisos sectoriales y estamos tratando de remediar con un proyecto de ley para racionalizarlos. ¿Y quién velará porque en dos años más no tengamos nuevamente 200 permisos? La Agencia”. El campo de acción de esta entidad en el ámbito regulatorio apunta a proyectos de ley e indicaciones a los mismos, así como a los reglamentos.

También se consideró la baja cobertura de las evaluaciones, ya que, si bien la Dipres realiza de manera sistemática evaluación de programas, requerimos aumentar la escala. “Para aumentar la escala hay que tener una institución distinta con objetivos de evaluación y productividad”, explicó Berner. La meta del gobierno es que la Agencia evalúe los cerca de 700 programas actuales durante cada administración.

La subsecretaria adelantó que si bien tras la aprobación unánime del proyecto de ley en general en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados (primer trámite), en las votaciones en particular se rechazaron algunos artículos, entre ellos el relativo al mecanismo de selección de las y los integrantes del Consejo, “insistiremos en el Senado en que la forma de selección sea un concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública, porque esto es una agencia técnica”.

Respecto a los recursos que se le asignarán a la Agencia, destacó que contará con unos $700 millones para contratar evaluaciones de impacto, que se adicionan a los que aporta la institucionalidad existente a partir de la cual se crea.

Asimismo, destacó que el diseño institucional logra el trade off entre autonomía y uso de la información. Acotó que la Agencia tendrá acceso a información bajo secreto tributario y secreto estadístico, pero solo para los fines de su mandato.