El Senado aprobó en general, por 35 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de ley que crea un Registro de Deuda Consolidada, con lo cual el proyecto continúa con su avance en su segundo trámite constitucional. Se trata de una iniciativa que busca contribuir a una mayor inclusión financiera, a la reducción del sobre endeudamiento y, al mismo tiempo, hacerse cargo del desfase de Chile en materia de información crediticia.

Este Registro de Deuda Consolidada sería público, gratuito y contendría información tanto sobre deudas impagas, como los datos de créditos pagados en tiempo y forma. Se alimentaría con datos entregados por los oferentes de crédito, quienes estarían obligados a informar en este registro y al mismo tiempo podrán acceder a él bajo estrictas reglas en tanto deben garantizar la exactitud y seguridad de la información y eliminar la información obtenida una vez que haya sido utilizada para la finalidad respectiva. 

Con este Registro se busca mejorar la competencia, el acceso y las condiciones de financiamiento, con el fin de reducir el sobreendeudamiento de las personas y familias, mejorando la información y fiscalización financiera y con ello, el oportuno diseño de políticas públicas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó la importancia de la aprobación del proyecto: “Creemos que es importante dar este paso, es un tema que durante muchos años se venía discutiendo, la propia Comisión de Hacienda del Senado ha escuchado al Banco Central en todas las oportunidades que se ha planteado este tema. Este es un proyecto que fue iniciado en el gobierno anterior, continuado y respaldado por el Gobierno del Presidente Gabiel Boric, y creemos que sería muy positivo para el desarrollo del sistema financiero y sobre todo para controlar el riesgo de sobreendeudamiento de los hogares”, afirmó el jefe de cartera. 

La iniciativa reconoce la propiedad de las personas sobre sus datos, por eso consagra los derechos irrenunciables al acceso, rectificación y cancelación, lo que viene acompañado de sanciones para las instituciones financiera que incumplan, lo cual será fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

Permite que exista una mejor información sobre el comportamiento de pago, de manera que los buenos pagadores puedan beneficiarse, por ejemplo, con menores tasas. Al mismo tiempo promueve que las personas tomen mejores decisiones financieras sobre el nivel de endeudamiento y, a través de eso, facilitar la implementación de políticas de educación financiera. 

En su primer trámite el proyecto fue objeto de ajustes para aclarar el espíritu del Registro, que sería utilizado para operaciones específicas, con el fin de asegurar que la entidad consultora respete el consentimiento prestado y reforzando al mismo tiempo las sanciones por acceso injustificado, indebido o para cualquier fin distinto del indicado obligando a la CMF a notificar a los deudores de las consultas sobre ellos. 

Además, durante la discusión en general en el Senado se constituyó una mesa de asesores para estudiar los aspectos técnicos y se definió una lista de indicaciones sobre diversos temas: 

1)    Ajustes de coherencia normativa con la Ley Pro Consumidor: obligación de respuesta fundada ante el rechazo de un crédito y no solo frente a su aceptación. 

2)    Ajustes de coherencia normativa con el proyecto de datos personales. En particular, la especialidad de los derechos de los deudores y el rol de la CMF como administrador del registro y como tratante de datos.

3)    Refuerzo al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, incluyendo un procedimiento de reclamos directamente ante la CMF, como administrador del Registro.

4)    Aclaración del concepto de “suficiencia” del registro, permitiendo la solicitud de antecedentes complementarios para la evaluación de riesgo que no formen parte del Registro y resguardando con ello el carácter mixto del sistema.

5)    Adecuar reglas de acceso a la información negativa con la normativa vigente, para no generar ventajas competitivas a favor de algunos incumbentes y permitir el seguimiento de créditos. Inclusión de instituciones públicas que otorgan crédito, como INDAP, excluidas por el texto actual. 

6)    Ajustes en las normas de olvido financiero, para asegurar coherencia con otros proyectos de ley. 

La fecha fijada para presentar indicaciones respecto a los temas tratados con los parlamentarios es hasta el 9 de noviembre.