Por unanimidad, la sala del Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Inteligencia Económica Contra el Delito, iniciativa que busca crear un subsistema de inteligencia económica cuyo fin es perseguir la ruta del dinero ilícito, mejorando la coordinación entre instituciones y fortaleciendo sus atribuciones. Ahora el articulado vuelve a la comisión de Seguridad Pública para el ingreso de indicaciones.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la aprobación del texto asegurando que este es “un proyecto que tiene una altísima importancia para el Ejecutivo, particularmente en lo que se refiere al ministerio que dirijo, dado que nos permitirá hacer un aporte institucionalizado, bien regulado y con las facultades suficientes en la persecución del delito y del crimen organizado, en particular, a través de lo que normalmente se llama la ruta del dinero”. 

Asimismo, el secretario de Estado resaltó el trabajo que se está llevando adelante con los parlamentarios para consensuar las indicaciones -acordado en la votación en general en la Comisión de Hacienda-, las cuales se presentarán a más tardar el 12 de enero. “Estamos en condiciones de poder enfrentar la discusión en particular de la manera más constructiva posible a partir del plazo para la presentación de indicaciones. Vemos con mucho entusiasmo la posibilidad de poder avanzar con este proyecto y aportar, por esa vía, un pilar muy importante a todo lo que es la infraestructura de lucha contra el delito”, acotó Marcel. 

El subsistema que se creará con esta normativa estará compuesto por la Unidad de Análisis Financiero y las Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, cuyos integrantes podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos. Si la información intercambiada tiene carácter de secreta o reservada, se mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio.

Estas Unidades se alimentarán de la información que se disponga al interior del mismo Servicio o que soliciten a otros órganos públicos y derivará en informes secretos que se remitirán al Director o Directora respectiva, a la Unidad de Análisis Financiero, y a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, cuando corresponda. Los funcionarios de estas Unidades de Inteligencia estarán sujetos a estándares estrictos de probidad y deberán mantener el secreto de los antecedentes y documentos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, con sanciones gravosas en caso de incumplimiento.

Asimismo, se perfeccionan las facultades del fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria, para que sean consistentes con las facultades generales de la CMF. También se fortalecen las facultades de investigación de la CMF a través de la incorporación de atribuciones como citaciones a declarar y la solicitud de medidas intrusivas y auxilio de la fuerza pública, a la vez que se aumentan las penas a quienes obstaculicen sus labores de fiscalización. 

El fin último de esta coordinación es recolectar y analizar información sobre actividades relacionadas a distintos tipos de delitos, por ejemplo, tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, a fin de alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, entre otros.

En esa línea, la autoridad indicó que “es importante tener facultades adicionales a las que actualmente tienen los servicios. Pero al mismo tiempo, precisamente en la perspectiva de proteger la honra o el derecho a la privacidad de las personas, poder hacerlo dentro de un ambiente más regulado y enfocado específicamente a esta función de inteligencia económica”. 

Ejes centrales del proyecto

La iniciativa tiene 3 ejes centrales: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la detección temprana de operaciones económicas sospechosas y la mejora de facultades intrusivas y sancionatorias. Dentro de las atribuciones y avances que propone el proyecto está el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero ampliando su objeto para que pueda levantar alertas asociadas a delitos de crimen organizado, además del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se habilita su acceso a la información protegida por secreto bancario sin autorización judicial cuando los antecedentes sean necesarios para el análisis de una operación reportada previamente como sospechosa.

Entre otros ajustes, respecto al Servicio de Impuestos Internos, se establecen sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros que sean de difícil fiscalización o se relacionen al crimen organizado; y se establecen limitaciones a la operación como Usuarios de Zona Franca a personas con antecedentes penales en el caso del Servicio Nacional de Aduanas.

El mayor gasto fiscal alcanzaría los $1.481 millones en el primer año de aplicación, para subir a $1.200 millones durante el segundo año y en régimen. Estos montos se destinarán fundamentalmente a la contratación de personal y a la inversión en sistema informático de conectividad.