La Sala del Senado aprobó el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público y lo despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite, programado para este miércoles. Este lunes la Comisión de Hacienda sesionó para recibir en audiencia a distintos gremios y colegios de profesionales, y posteriormente se abocó a la votación. 

En su intervención el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó “nuestro reconocimiento y aprecio por la capacidad para dialogar y buscar acuerdos en una mesa que tiene muchas realidades diversas, pero que la une la vocación de servicio público y el propósito de mejorar las condiciones de trabajo del sector público, para que a su vez este pueda prestar mejores servicios a la ciudadanía, que es su vocación y su motivación fundamental". 

En tanto, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, agradeció “el respaldo a la gran mayoría de los contenidos del proyecto de ley de parte del Senado. Las normas que finalmente están en esta ley de reajuste que vienen con acuerdo de la Mesa del Sector Público, son normas que en general se trabajaron durante todo el año en las distintas mesas que existen. Hay temas transversales, temas sectoriales, entonces los temas de salud, los temas de educación se trabajan en una misma mesa durante todo el año y los que finalmente son priorizados en el acuerdo marco que se hace, son los que se revisan en el Congreso”.

El proyecto propone un reajuste general gradual de 4,9% que inicia con un aumento 3,0% en diciembre de 2024, continúa con un incremento 1,2% en enero 2025 y finaliza con un alza de 0,64% en junio del mismo año. Además, contempla un reajuste de bonos de 4,2%; y un reajuste de 2% adicional para remuneraciones mínimas y bonos para rentas bajas -por encima del general-, quedando en 6,2% en enero y 6,9% en junio de 2025. Asimismo, regula de forma permanente de los bonos de navidad, fiestas patrias, escolaridad y vacaciones, asegurando su entrega anual oportuna evitando retrasos en los plazos de pago.

También considera una vigencia permanente de los incentivos al retiro para los trabajadores de las organizaciones gremiales que firmaron el protocolo de acuerdo, fijando cupos y reglas de aplicación en transición. Junto con eso, propone que a partir del año 2027 los funcionarios cesarán en sus funciones al cumplir 75 años, teniendo derecho a una indemnización con ciertos topes. 

Sobre este punto y el debate suscitado Marcel explicó que "hay por lo menos siete casos en nuestra administración pública de cargos a los cuales se le ha fijado un límite 75 años, algunos por la Constitución, la mayoría por la legislación. Y en todos esos casos los argumentos han sido los mismos y en todos esos casos el Congreso ha dado su aprobación a esos límites de edad que tienen que ver con las limitaciones propias de la edad. Tiene que ver con las limitaciones para poder cumplir íntegramente las funciones que se asignan”. 

Este miércoles el proyecto debería finalizar su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. 

Indicaciones 
Durante su tramitación en la Comisión de Hacienda de Senado, el proyecto recibió indicaciones por parte del Ejecutivo -posteriormente ratificadas por la Sala-, relacionadas con materias como incentivo al retiro, criterios de selección de funcionarios para teletrabajo y mecanismos de recuperación de beneficios pactados por municipalidades previo al traspaso del servicio educativo a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). 

En materia de incentivo al retiro, se introdujo una indicación que extiende el beneficio para que trabajadores a honorarios puedan acceder a él, siempre que se hayan desempeñado en la administración central, al menos 12 años antes del 1 de enero de 2020; la que fue aprobada por unanimidad. Asimismo, el Ejecutivo clarificó qué instituciones están regidas por el cese de funciones a los 75 años, extendiendo el beneficio a más de 100 entidades, salvo médicos y Poder Judicial.   

El Gobierno además logró la aprobación de una indicación que reemplaza otra aprobada en la Sala de la Cámara, relacionada con los criterios de selección para personas cuidadoras para el teletrabajo en el sector público. Lo aprobado en esta comisión reemplaza lo visado por la Cámara y lo sustituye por una selección con criterios previamente establecidos en la ley N°21.647, de Reajuste del Sector Público 2023, los cuales son los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad del Sector Público, y la contribución para mejorar la calidad de la vida laboral, familiar y personal, en particular, en lo relativo a las funcionarias o funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años de edad, o una persona con dependencia severa. 

En cuanto a las normas relativas a los SLEP, la indicación aprobada establece que aquellas deudas contraídas en razón de condiciones de trabajo pactadas previo al traspaso desde el Municipio al Servicio, deberán ser pagadas por el primero, siendo deducidas anualmente por Tesorería desde el Fondo Común Municipal, con un tope de hasta 20% de las remesas. 

Los artículos rechazados se relacionan, por una parte, con el bono para más de 26 mil Carabineros que reciben gratificaciones especiales de riesgo, operaciones y fuerzas especiales, y de protección de autoridades; y, por otra, con la norma que permite extender al año 2026 la entrada en vigencia y las exigencias de los requisitos para admitir y matricular en las carreras y programas de pedagogía.