“Para todos los efectos prácticos, la discusión del Pacto para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, ya comenzó con el balance que contempla el Pacto: iniciativas que estimulen el crecimiento, como son las relacionadas con los permisos para inversión; iniciativas que tienen que ver con reforma del Estado, como es el proyecto que se presentó a fines de enero sobre convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, y medidas que tienen que ver con los ingresos, como es del cumplimiento de las obligaciones tributarias que presentamos hoy”, señaló el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, al retomar la agenda legislativa 2024 ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Este último cuerpo legal es parte del paquete de medidas que constituyen el Pacto para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal y su objetivo es conseguir parte del financiamiento para implementar medidas como el aumento a $250.000 de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La iniciativa presentada por el secretario de Estado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, está basada en 53 medidas distribuidas en 7 ejes: Modernización de la administración tributaria y Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; regularización de obligaciones tributarias y fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Durante su exposición frente a los parlamentarios, Marcel explicó que, utilizando información de Cuentas Nacionales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estima una brecha de cumplimiento tributario de 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB), la que equivale a 1,8% del PIB en el caso del Impuesto al valor Agregado (18% de incumplimiento) y 4,7% del PIB en el caso del Impuesto de Primera Categoría (51% de incumplimiento). “Si la tasa de incumplimiento llegara a los niveles de Bélgica o Eslovaquia (de 14%), se recaudaría 1,8% del PIB adicional”, ejemplificó el ministro para argumentar la importancia de avanzar con este proyecto.
Agregó que “la mejora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del Pacto Fiscal con recursos provenientes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con sus responsabilidades, como por ejemplo el aumento de la PGU y otras obligaciones fiscales en la reforma previsional o el aumento de la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia, para completar un incremento de 40% respecto de 2022”.
Marcel recordó que esta no es la primera vez que se legisla sobre la materia pues desde el año 2000 se registran al menos 5 leyes destinadas a este propósito, todas las cuales contaron con apoyo político transversal durante su tramitación legislativa. Recalcó que las propuestas presentadas hoy “son producto de un amplio proceso de consulta y análisis; el proyecto además contiene diferencias importantes respecto del anterior proyecto de reforma tributaria”.
La Comisión de Hacienda acordó que durante esta semana se realizarán audiencias para escuchar distintas opiniones respecto del proyecto en cuestión, para a partir del próximo lunes 11 de marzo iniciar la votación en general y en particular.