Este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, expusieron ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados las implicancias fiscales del proyecto de Ley que crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y pone fin al actual Crédito con Aval del Estado (CAE), además de detallar los contenidos del informe financiero (IF) que acompañó al proyecto y los supuestos. También participaron de la sesión el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.

Marcel comenzó su intervención detallando que desde 1990 nuestro país experimentó un rápido crecimiento de la cobertura de la educación superior, mayor al promedio de países miembros de la OCDE, lo que implicó buscar alternativas a las necesidades de financiamiento de los estudiantes, combinando becas y créditos, dentro de las cuales surge el CAE (Crédito con Garantía Estatal). 

El CAE, agregó el ministro Marcel, necesita ser reformado dados los altos aranceles y la extensión de las carreras, unida a la cada vez menos significativa rentabilidad privada de la educación superior. Además, aunque la reforma de 2012 estableció un límite a la cuota anual en proporción a los ingresos del deudor, esto se realiza mediante un subsidio a la cuota, manteniendo indicadores financieros desfavorables para los deudores. La contraparte de los beneficios de 2012, unido al costo para el Estado de la recompra de deuda, y la ejecución de garantías -dada la alta morosidad-, han implicado un alto y creciente desembolso fiscal.  Finalmente, la banca privada ha perdido interés en el sistema, lo que se refleja en que BancoEstado ha sido el único oferente en las licitaciones de los últimos 3 años. 

Para detallar y precisar los números expuestos ante los parlamentarios, la autoridad presentó un documento titulado “Modelo de Proyección de Desembolsos del Instrumento de Financiamiento de Estudios de Nivel Superior”, que describe el modelo de proyección elaborado para realizar las estimaciones expresadas en el informe financiero del proyecto de ley, elaborado y publicado este martes por la Dirección de Presupuestos como parte de su Serie de Estudios de Finanzas Públicas. 

"Esto es bien importante porque cuando se realizan estas discusiones sobre los supuestos, no se tiene en cuenta la complejidad que representa hacer estas proyecciones. Porque para hacer estas proyecciones no sirven los promedios, se necesitan las distribuciones y combinar distribuciones de distintas etapas de la vida de una persona: lo que pasa mientras está estudiando y lo que pasa en su vida laboral. Entonces, luego se deben generar modelos de simulación que son mucho más complejos, donde afortunadamente podemos apoyarnos en los modelos actuariales con los que se trabaja en materia de pensiones y eso es lo que está incorporado”, indicó el titular de Hacienda. 

El FES

Esta iniciativa supone un reemplazo de las becas y créditos estudiantiles, unificando los instrumentos de financiamiento a la educación superior; y considera una adscripción voluntaria con el compromiso de una contribución futura contingente al ingreso. Esta contribución es anual y calculada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la Operación Renta, y pagada por la Tesorería General de la República (TGR).

Los estudiantes contribuyen cuatro años por cada uno estudiado, con un máximo de 20 años, y con diferentes tasas según tramo de ingreso. Hasta $500.000 mensuales el tramo queda exento, desde los $500.000 hasta los $3.000.000 la tasa será de 7% y desde $3.000.000 en adelante la tasa será de 8% -en ambos tramos se mantiene la exención a los primeros $500.000 de ingreso-. Las personas que estén actualmente pagando el CAE, Fondo Solidario y crédito Corfo podrán adscribir voluntariamente al plan, con renovación anual. 

Este FES operará como un fondo revolvente, es decir, las cohortes quienes se encuentran en periodo de retribución aportarán para financiar los aranceles de los siguientes estudiantes.

Consultado por las condiciones de pago y el impacto que tendría en la contribución según determinada carrera, Marcel explicó que se hizo “el ejercicio con Medicina y Administración Pública, para que tengamos una carrera más corta y una más larga, una con mayor rentabilidad económica y otra con menos rentabilidad económica.  Y llegamos a proporciones de pago de esas carreras bien similares en ambos casos. O sea, no es más gravoso para el que estudia Medicina que para el que estudia Administración Pública, y tampoco lo es a la inversa”. 

Para el caso de los deudores CAE, en caso de adscribir, el Fisco “pagará” la deuda anual de cada deudor o deudora, y la persona contraerá el compromiso de pagar una cuota al Fisco según parámetros FES (tramo exento y contingencias al ingreso). El periodo de retribución se mantendrá respecto a la situación actual de cada deudor o deudora y pagará como máximo su cuota actual. En tanto, las personas que cuya garantía ya se ejecutó, deberán adscribir obligatoriamente al plan con cuotas a pagar a partir de su cuadro de pago previo, manteniendo dichas condiciones. 

Al realizarse el traspaso, se condonará una parte de la deuda, prorrateado en las cuotas siguientes según distintos parámetros como estar al día, haber egresado o la proporción de la deuda pagada. Así, para una persona desertora al día la condonación podrá oscilar entre las 60 y las 120 UF; mientras que al estar en mora se movería entre 40 y 80 UF. Para una persona egresada, por su parte, si está al día la condonación podrá ir entre las 30 y 60 UF; y en mora entre las 20 y 40 UF. 

También se incorporan incentivos al prepago y beneficios para quienes ya pagaron:  las personas que deciden pagar su deuda vigente en una sola cuota recibirán un 25% de condonación adicional y quienes a la fecha ya han pagado la totalidad de su deuda tendrán un beneficio tributario (120 UF para desertores y 80 UF para egresados, distribuido en 20 años). 

Frente a distintas consultas de los parlamentarios, el secretario de Estado fue taxativo en indicar que “para que algo sea un impuesto tienen que pasar dos cosas: no tiene que haber una contraprestación y debe ser obligatorio. Y en este caso, existe una contraprestación que es el financiamiento de los estudios, y no es obligatorio, porque adscribirse al sistema es voluntario. Con esos dos criterios esto evidentemente no es un impuesto, sino que es lo que hemos descrito como fondo revolvente y, por lo tanto, no es una reforma tributaria encubierta”. 

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, explicó que “hoy día, hay costos e ineficiencias en el sistema actual, derivados principalmente de los costos financieros involucrados en el proceso de ejecución de garantías y compra de cartera a los bancos comerciales. Justamente eso da espacio a pensar si podemos utilizar los recursos que ya el Estado está desembolsando de una mejor manera". Al presentar los contenidos del informe financiero que acompaña la propuesta, la autoridad precisó que “este es un proyecto de ley que facilita la recaudación que hoy día por diversas razones no está ocurriendo con respecto a los créditos ya entregados. Además, tanto la racionalización de los beneficios existentes como la eliminación de ineficiencias financieras del sistema son una fuente de financiamiento importante para este proyecto de ley”.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, complementó que “como Gobierno trabajamos en la misma línea, y este proyecto no es la excepción. Avanzar hacia un mayor ahorro fiscal nos permitirá redestinar recursos hacia otras áreas que más lo necesitan, como es la Educación Parvularia. El actual sistema de financiamiento es insostenible por lo caro que resulta para el Estado, producto del constante gasto en que debe incurrir para el pago de garantías de los créditos estudiantiles”. 

Este proyecto de ley reduce aproximadamente a la mitad la exigencia fiscal proyectado a diez años. Actualmente, el mecanismo de financiamiento cuesta cerca de US$8.000 millones al año, mientras que con la iniciativa en régimen costaría cerca de US$4.000 millones al año, equivalente a un ahorro de alrededor de un punto del PIB.

Los beneficios que entregará este articulado, tanto a los estudiantes actuales vía FES y a los egresados vía traspaso desde el antiguo sistema CAE, no requerirán aportes fiscales mayores a los ya comprometidos y mejorará la recaudación del sistema. Además, es más fácil para los egresados pues no requiere postular ni presentar documentación para acceder al beneficio de contingencia de ingreso; es más eficiente al hacer uso de la capacidad instalada del sistema tributario para efectuar retenciones y reliquidaciones en la operación renta; y contiene mejores incentivos, pues la estructura de condonaciones será un incentivo poderoso para los deudores que tienen medios para saldar sus deudas, lo hagan; y, para que el resto se mantenga al día en sus obligaciones, entre otros beneficios.