“Hacia un cuarto de siglo de regla fiscal estructural (BCA) en Chile: experiencia práctica, logros y desafíos” es el nombre de la presentación que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso este martes en el seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes) de la Universidad Católica "Perspectivas para las Finanzas Públicas: Desafíos de Mediano Plazo". En la actividad también participaron el exministro de Hacienda y director de Clapes, Felipe Larraín; el coordinador macroeconómico del Centro, Hermann González; el exministro Manuel Marfán; la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres; y las economistas Cecilia Cifuentes y Andrea Repetto. 

Actualmente, indicó el ministro Marcel, hay más de 100 países en el mundo que han adoptado reglas fiscales, siendo nuestro país uno de los pioneros en su implementación: desde el año 2000 Chile cuenta con una regla fiscal de Balance Estructural para la elaboración de la Ley de Presupuestos, usada por primera vez en el año 2001. El objetivo es poder aislar los efectos del ciclo económico que puedan impactar en los ingresos fiscales, con una consecuente evolución del gasto de acuerdo con ingresos estructurales y no aquellos de carácter transitorio.  “Hemos tenido muchas discusiones filosóficas sobre lo que es transitorio o lo que es permanente. Lo que debemos tener claro es que el balance cíclicamente ajustado es una solución simplemente pragmática a los desafíos de aislar dichos componentes (…) Hay muchas otras cosas transitorias en los ingresos y los gastos que si tratáramos de aislarlas individualmente nos volveríamos locos. Lo que tendríamos hacer sería entrar a una especie de microeconomía de los ingresos y los gastos, donde con seguridad tendríamos muchísimas más discrepancias”, señaló. 

Desde su primera aplicación en 2001, continuó la autoridad, la meta estructural (BCA) inicial se cumplió o sobre cumplió en 13 años -7 de ellos al inicio-, mientras que en otros 10 el resultado fue inferior al esperado. Estos últimos casos se concentran en el período de la crisis financiera internacional en adelante, siendo 2021 el peor de ellos. Sin embargo, esta situación se intentó revertir en 2022 con el superávit fiscal de cerca de 10% del PIB, logrado fundamentalmente por rigurosidad en el manejo del gasto y el aumento transitorio de los ingresos, gracias a los resultados de la Operación Renta particularmente favorable y un récord del precio del litio.  “La experiencia nos muestra que no es fácil recuperar el equilibrio de las finanzas públicas después de un choque importante o donde se ha abandonado la meta fiscal, aunque haya sido por buenas razones", agregó. 
 
La autoridad, además, explicó que con el objetivo de fijar metas desafiantes de consolidación fiscal y cumplir estrictamente con ellas, el Gobierno está logrando generar una inflexión en la trayectoria que traía la deuda en los 15 años previos. De hecho, para el próximo año la deuda proyectada es inferior al escenario más optimista simulado por el Consejo Fiscal Autónomo en septiembre de 2021, incluso habiendo recibido una mayor deuda. 

“Si la deuda si hubiera seguido creciendo durante este período con la misma tendencia de los  años anteriores, la deuda sería al final de ese período US$20 mil millones superior a la que efectivamente va a ser, y el gasto de intereses sería US$1.400 millones superior a lo que efectivamente va a ser. Entonces, claro, a uno le gustaría que la deuda bajara, que hubiera sido una inflexión dramática, pero el solo hecho de frenar el crecimiento de la deuda, de generar esa inflexión, hace una diferencia importante, lo mismo que estabilizar la deuda en el 41%, producto por debajo del 45% prudencial", precisó el secretario de Estado.

Respecto de la relación deuda y fondos soberanos, el ministro detalló que las decisiones en esta materia están más conectadas cuando se trata de fondos que operan en el corto y mediano plazo, como es el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). El FEES recibió entre enero y marzo de 2022 un aporte de US$6.000 millones, que fue deuda emitida en mercados internacionales. Dicha operación implicó una tasa de interés de 3,67% anual, con pagos por este concepto que ascienden a US$110 millones en 2022 y US$220 en 2023. Por el lado del FEES, el aporte incrementó el stock del Fondo lo que significó una rentabilidad devengada anual de 0,74%, equivalente a US$52,87 millones.  Todo ello significó un efecto neto negativo en las cuentas fiscales de -US$57,41 millones en 2022. “Debemos tener claro que, si queremos aumentar fondos soberanos con deuda, vamos a pagar un precio que no es menor", dijo. 

Finalmente, el ministro concluyó que, como resultado de la estabilización de la deuda como porcentaje del PIB en 2025, se habrá puesto fin a 17 años de crecimiento ininterrumpido de este indicador. Asimismo, se habrá incrementado los ingresos estructurales en casi 3% del PIB, lo que generará mayor espacio fiscal para hacer frente a necesidades de gasto ligadas al cambio climático y el envejecimiento de la población en el futuro.

“Es imprescindible sacar los temas fiscales del ring de la política contingente y reafirmar un compromiso transversal con la responsabilidad fiscal (…) No le hace bien a nadie transformar a la política fiscal en un elemento que se arrojan unos a otros, cuando en realidad lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía de manera responsable y sostenible a través del tiempo”, cerró el ministro.