Miércoles, febrero 21, 2024

Gobierno impulsa cambios para facilitar la inversión pública en proyectos bajo las 5.000 UTM

  • Los cambios permiten acelerar la inversión pública, eximiendo de la evaluación ex ante a proyectos de inversión de menor tamaño, especialmente aquellos presentados por las municipalidades.
  • El objetivo es dinamizar sectores claves y simplificar procedimientos administrativos para responder eficientemente a las necesidades de la población.

Con el propósito de agilizar y simplificar los procesos de inversión pública en el país, los Ministerios de Desarrollo Social y Familia, y de Hacienda implementaron cambios significativos en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), con la incorporación de un proceso de eximición especial que beneficiará a proyectos de inversión más pequeños como, por ejemplo, los presentados por los municipios.

En 2024, ambos ministerios implementarán un piloto que eximirá de la evaluación ex ante a las iniciativas de inversión que postulen a ejecución con un costo total inferior a 5 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Estos proyectos no requerirán indicadores de rentabilidad social ni análisis técnico-económico para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS). En su lugar, deberán remitir el oficio de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones junto con los antecedentes del proyecto, directamente a la Dirección de Presupuestos para solicitar la identificación presupuestaria, la que se resolverá en un máximo de 20 días hábiles.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “esta nueva forma de evaluación de proyectos de inversión pública fortalece la colaboración que tenemos como Gobierno con los municipios y gobiernos regionales, que, entre otras cosas, va a permitir que los proyectos menores a 5000 UTM se puedan desarrollar de manera mucho más ágil. Estos son proyectos que impactan directa y positivamente en las vidas de las personas, como proyectos de Agua Potable Rural, pavimentación, electrificación rural, mejoramiento de jardines infantiles, de postas, multicanchas, proyectos de accesibilidad. Esto también es parte del compromiso que tiene el Gobierno con impulsar la inversión no sólo privada, sino también pública durante este 2024 para favorecer el crecimiento y el empleo”.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel explicó que las medidas se enfocan en agilizar inversiones “que tienden a ser más intensivas en mano de obra y de alto impacto social" y estimó que “estas iniciativas, acompañadas de ciertos ajustes, equivalen más o menos al 18% de los proyectos de inversión del Sistema Nacional de Inversiones, por lo tanto, son normas que tendrán efectos importantes en la inversión”. En cuanto a los plazos, el titular de Hacienda afirmó que “el Gobierno ha definido una meta muy ambiciosa para este año: que el 50% de la inversión pública esté ejecutada durante el primer semestre de este año. Para eso, un paso fundamental es que tengamos identificada el 90% de la inversión pública en febrero, a diferencia del año pasado, cuando estas identificaciones estuvieron listas en abril”.

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, precisó que "con estos cambios, estamos avanzando en agilizar la inversión pública, en un camino que iniciamos en marzo de 2022 y que hoy tiene su expresión más viva con la eximición de evaluación para los proyectos de menos de 5 mil UTM. Esta demanda, muy sentida por los municipios y los gobiernos regionales, es muestra de nuestro compromiso con el desarrollo local y el apoyo a las comunidades. Al reducir la burocracia, permitimos que los recursos se inviertan donde más se necesitan, de forma rápida y efectiva.".

Mientras, el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, afirmó que “tenemos una valoración muy positiva de estas iniciativas que se toman en la perspectiva de poder agilizar y viabilizar el Sistema Nacional de Inversiones, porque en la práctica agilizar la inversión pública significa llegar con soluciones tempranas en nuestras comunidades, en nuestros territorios, para atender las deficiencias en materia de vivienda, salud, viabilidad, construcción de infraestructura crítica, etcétera”.

A su vez, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, sostuvo que “lo más importante es valorar y celebrar esta iniciativa del Gobierno que crea un círculo virtuoso entre la necesidad de acelerar el crecimiento y la inversión, con la necesidad de invertir en los barrios, en las comunidades. Llegar tarde es como no llegar y muchas de nuestras comunidades esperan por años soluciones a problemas que podrían haberse resuelto mucho antes si no es por la ‘tramitología’, permisos, burocracia. Esta iniciativa significa no dejar de priorizar la transparencia, la regularidad de los procedimientos, eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Acelerar los procesos más bien tiene que ver con que las instituciones estamos al servicio de las personas, y no al revés”.

Al tratarse de un piloto, al finalizar en 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social analizarán los resultados de la eximición para determinar la permanencia y ajustes de esta medida.

Actualización de normas para agilizar los procesos de Inversión Pública en el país.

La implementación de la eximición especial para proyectos menores de 5 mil UTM se enmarca en la actualización de las “Normas, Instrucciones y Procedimientos” para el Proceso de Inversión Pública 2024, también conocidas como NIP, que realizaron los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia con el objetivo de buscar espacios de agilización y eficiencia en el Sistema Nacional de Inversiones.

Es así como un punto destacado de esta actualización es la incorporación de un capítulo dedicado a la proporcionalidad, marcando el inicio de un trabajo multisectorial para integrar este principio en los procedimientos del sistema. Se establece, como primera medida, la excepcionalidad de evaluación de las iniciativas cuyo monto sea menor a 5.000 UTM.

En el ámbito de las emergencias, se establecen procedimientos abreviados que amplían su alcance a zonas afectadas por emergencias no sujetas al decreto supremo del Ministerio del Interior en caso de catástrofe. Este enfoque considera emergencias declaradas por resolución exenta de SENAPRED y eventos respaldados en actos administrativos que afecten a servicios públicos como establecimientos educacionales y hospitales.  Además, se ordenan los procesos relativos a la reposición, reduciendo las iteraciones con el fin de mejorar la eficiencia.

Agua Potable Rural

Dentro de los cambios, también se incluye una medida que busca reconocer las particularidades de los proyectos de agua potable rural, aplicando proporcionalidad en las iniciativas tanto en la fase de ejecución como en la fase de diseño y preinversión. Para ello, a fines de diciembre de 2023 se publicó un instructivo que distingue entre tamaño y complejidad de la ejecución de los proyectos de APR y el 31 de enero se publicará el instructivo de la fase preinversional y de diseño.  

Actualización de Metodologías

Durante el primer semestre de 2024, se desarrollará la metodología y el procedimiento para pilotear planes maestros multisectoriales que liderará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, optimizando los procesos para avanzar de manera simultánea en aquellas iniciativas donde sea posible, en lugar de seguir un enfoque exclusivamente secuencial. 

También, durante 2024 se fortalecerá la metodología general, convirtiéndola en troncal y complementándola con anexos metodológicos específicos por sector, facilitando la formulación de iniciativas, evitando la redundancia entre metodologías y robusteciendo el papel de cada una para lograr una mayor eficacia en el desarrollo y ejecución de proyectos.

Estas acciones forman parte de una serie de mejoras impulsadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font desde marzo de 2022, con el fin de simplificar y dinamizar la inversión pública, promoviendo el desarrollo local y flexibilizando los procedimientos administrativos para brindar respuestas oportunas a las necesidades de la población.

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