La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer en particular y despachó a Sala el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad (Boletín 16799-05), cuyo objetivo será promover y evaluar la eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la Administración del Estado y las buenas prácticas regulatorias para aumentar la efectividad y oportunidad de respuesta de los servicios públicos a los requerimientos de la ciudadanía. Este es uno de los 21 proyectos de ley contemplados en el fast track económico acordado por el Ejecutivo con las presidencias de ambas cámaras del Congreso. Con este paso, el proyecto queda en condiciones de ser votado por la sala de la Cámara para luego ser visto por el Senado.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó el trabajo desarrollado en esta comisión por cuanto “esta iniciativa legal constituye un hito por tratarse de una de las más importantes modernizaciones del Estado comprometidas en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, dadas sus implicancias en la evaluación de las políticas públicas y en la productividad del país”. Agregó que “hoy tenemos a distintos organismos encargando evaluaciones de políticas, planes y programas de manera independiente. Estos esfuerzos separados impiden una visión sistémica de los resultados de las evaluaciones y del ciclo del impacto regulatorio. Dado lo anterior, y en el marco del Pacto Fiscal, se propuso presentar un proyecto de ley para la creación de una agencia especializada que centralice y coordine estas tareas, realice la evaluación de las políticas públicas e impacto regulatorio”. 

También enfatizó que esta agencia se crea sobre la base de la institucionalidad existente: la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), además del equipo de evaluaciones ex post de la Dirección de Presupuestos. Destacó que Chile cuenta con una larga trayectoria en materia de evaluación de programas e inversiones públicas, reconocida internacionalmente; pero se requiere este cambio para cubrir ámbitos que no están siendo sistemáticamente abordados, como la evaluación de impacto regulatorio, y la necesidad de un aumento en la escala de las evaluaciones ex post: “Anualmente se evalúan resultados (ex post) de hasta el 8% de la oferta programática; con la creación de la Agencia buscamos evaluar la totalidad (700 programas) en cada período de Gobierno y sumar la evaluación de políticas e impacto regulatorio”.

La Agencia tendrá a su cargo la evaluación de: 

1. Políticas públicas generales, con un foco en la eficacia para el logro de sus objetivos
2. Evaluación ex post de programas públicos
3. Evaluación ex ante de impacto regulatorio de proyectos de ley y reglamentos, incluyendo su interacción con otras regulaciones vigentes

También tendrá la facultad de solicitar a otros órganos del Estado información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, incluyendo aquella información bajo secreto tributario y estadístico.

Gobernanza

El coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos,  hizo hincapié en que la composición, mecanismos de reclutamiento, selección, remoción y las incompatibilidades establecidas para los integrantes del organismo colegiado (consejo) y el director ejecutivo de la Agencia “garantizan que esta agencia será un organismo altamente técnico, enfocado en sus objetivos específicos, y que entregará insumos de alta calidad para la toma de decisiones de la autoridad en materia de políticas públicas”

La gobernanza de esta agencia constará de un Consejo conformado por un presidente (a) y cuatro consejeros (as), remunerados con dieta por asistencia, que durarán cinco años en sus cargos, y serán designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros; podrán ser renovados por un período consecutivo (se irán cambiando por parcialidades, a razón de uno por año). El jefe superior del servicio será un director ejecutivo sujeto al Sistema del Alta Dirección Pública y durará 3 años en su cargo, renovable hasta dos veces.