Con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo Astorga; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy por 6 votos a favor, una abstención y un voto en contra, el proyecto de ley de Financiamiento Regional, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional N°15.921-05, también conocido como "Regiones más Fuertes", que fue anunciado a fines de abril por el Presidente Gabriel Boric e inició su tramitación parlamentaria en la Comisión de Hacienda el 30 de mayo.

Durante esta discusión, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo Astorga, explicó que "este proyecto de ley (Regiones Más Fuertes) es un elemento más dentro de un conjunto de otros elementos que buscan dar un marco completo al proceso de descentralización que está en curso". Y agregó "hay una hoja de ruta en virtud de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), incluida una Política Nacional de Descentralización".

Por su parte, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, agradeció la disposición de las y los parlamentarios. "Pueden contar con el compromiso del Ejecutivo para ir revisando artículo por artículo, detalle por detalle del proyecto de Regiones Más Fuertes, que representa el paso más importante en materia de descentralización fiscal en más de 30 años y que va a hacer más ágil la gestión de nuestro Estado en su conjunto", dijo la autoridad. De cara a la discusión en particular, señaló que "estamos disponibles a proporcionar la información necesaria e informar sobre la experiencia internacional recabada para la formulación de este proyecto, en las instancias que se requiera".

Principales aspectos del proyecto

La iniciativa "Regiones Más Fuertes" se estructura sobre cuatro ejes principales:

• Modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones.
• Mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria. Entre algunos ejemplos de cambios se puede mencionar el nuevo tratamiento para los Gobiernos Regionales en las leyes de Presupuestos ya que dejarán de estar en una partida presupuestaria para pasar a ser parte de las transferencias del Tesoro, y la creación de un nuevo régimen presupuestario pues el Congreso revisará el monto global del presupuesto, pero la decisión de esos recursos la establecerán los gobiernos regionales a partir de discusiones en los consejos regionales.
• Se fortalecen las herramientas de responsabilidad, disciplina fiscal, la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional.
• Se creará una regla fiscal regional cuya especificación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, y se exigirá a los gobiernos regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.

Otro aspecto relevante es que se abre la posibilidad a los gobiernos regionales de solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para poder financiar iniciativas de inversión relevantes para el desarrollo regional mediante operaciones de crédito público, una herramienta vigente en la actualidad para servicios y empresas públicas, por ejemplo. Estas operaciones podrán suscribirse con organismos internacionales multilaterales con experiencia implementando iniciativas de desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras.

De esta forma, el proyecto mejorará la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que también los recursos que lleguen de otras iniciativas se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales.