Por 10 votos a favor, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad; organismo que contará con autonomía respecto del ciclo político, y cuyo objetivo será propender al impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado. Esta iniciativa forma parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, y es uno de los 21 proyectos contemplados en el fast track económico.

En su presentación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que, dentro del Pacto Fiscal, “este proyecto, en el área de reforma del Estado, es probablemente el que mayor relación tiene con los temas de asignación de recursos, porque otras iniciativas están más relacionadas con temas de transparencia, de calidad de servicio, y este tiene mucho más que ver con la asignación de recursos”.

La Agencia será continuadora legal de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, manteniendo su carácter técnico e independiente, fortaleciendo su incidencia, y concentrando en una sola entidad funciones que hoy están atomizadas en distintas instituciones, todas las cuales tienen como objetivo común el velar, promover y evaluar la eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la Administración del Estado.

En consecuencia, la Agencia estará a cargo de dictar estándares y lineamientos para la evaluación ex ante de programas, la evaluación ex post de los mismos, la evaluación de impacto regulatorio ex ante de leyes y reglamentos, la elaboración de propuestas para atender problemas públicos y desafíos de productividad, y el acompañamiento y seguimiento de los Planes de Mejora que deban realizar los organismos sectoriales para hacerse cargo de las recomendaciones de la Agencia.

Este proyecto fue objeto de observaciones durante la discusión en general relacionadas con gobernanza y con sus funciones y atribuciones. En el caso de la primera, el Ejecutivo manifestó absoluta disponibilidad para aclarar los puntos que despertaron dudas, como son las reglas aplicables al nombramiento del presidente del Consejo y las alternativas para su nominación; o el estatuto aplicable al personal de la Agencia.

“En los temas de gobernanza es importante tener en mente dos cosas que son fundamentales para que esta agencia pueda cumplir con su cometido. Primero, tiene que estar claro que las decisiones de política pública, particularmente si se crea tal o cual programa, corresponden al ámbito político. Eso ocurre a través de la legislación o a través de la Ley de Presupuestos, pero fundamentalmente ocurre a través del ámbito político. Las evaluaciones, por lo tanto, siempre toman como referencia los objetivos que se identificaron para crear un programa determinado y es contra ello que normalmente se hacen las evaluaciones. Y lo segundo, es importante que desde la Administración Central la Agencia sea vista como una institución que ayuda a que los programas y las políticas funcionen mejor, es decir, que no sea vista como una especie de enjuiciamiento a lo que ellos hacen; porque en la medida que sea visto de esa manera va a ser mucho más difícil contar con su cooperación que siempre va a ser necesaria para efectos de realizar una evaluación”, explicó el ministro.

Respecto de las funciones y atribuciones, Marcel explicitó que el Gobierno comparte el objetivo de fortalecer la incidencia de la Agencia y sus evaluaciones, por lo que revisarán el proceso de elaboración de los Planes de Mejora de los organismos sectoriales. Asimismo, “coincidimos en que se pueden fortalecer los reportes al Congreso y la relación con el mismo; estamos de acuerdo con la posibilidad de fortalecer el instrumento de evaluación de impacto regulatorio, resguardando que se presenten oportunamente y que la Agencia deba pronunciarse al respecto. Se está trabajando con los asesores para buscar fórmulas para incorporar evaluaciones del stock regulatorio vigente sin que implique una sobrecarga permanente para la Agencia. Y vamos a revisar las atribuciones en materia de consultas públicas y otras buenas prácticas regulatorias”, profundizó la autoridad.

En cuanto al calendario legislativo, esta semana y la siguiente continuarán las reuniones con los asesores de los parlamentarios integrantes de la Comisión, para recibir observaciones, propuestas, y discutir alternativas que puedan ser incorporadas como indicaciones. En virtud de ello, el Ejecutivo propuso abrir un plazo de indicaciones hasta el 14 de junio, de manera de poder retomar la discusión en particular la semana del 17 de junio.