Por 94 votos a favor y 35 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y particular el proyecto de ley que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales; despachándolo así a su siguiente trámite constitucional en el Senado.

De los 132 artículos se aprobaron 119 completos, dos consiguieron aprobación parcial y 11 fueron rechazados por falta de quórum.  A la sesión asistieron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos: y los subsecretarios de Hacienda, Heidi Berner, y Segpres, Nicolás Facuse. 

Tras finalizar la sesión, el ministro Grau agradeció el apoyo de los parlamentarios y dirigentes del sector público: “Se ha aprobado en general este proyecto de ley y se ha aprobado por una amplia mayoría, lo que da cuenta de un apoyo transversal que por supuesto, excede al oficialismo propiamente tal. En las cosas que han quedado pendientes, vamos a seguir conversando esto en el Senado y tenemos mucha confianza en la posibilidad de diálogo y lograr acuerdos amplios, como hemos logrado durante toda esta administración”.

En tanto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, fue enfático en señalar que este avance legislativo se da en un momento clave del debate público, marcado por cuestionamientos al rol del Estado: "Esto es fruto de un acuerdo sostenido con la Mesa del Sector Público, que por cuarto año consecutivo se traduce en mejoras concretas para la vida de las y los funcionarios públicos. La aprobación del reajuste, y de los beneficios económicos que contempla este proyecto, entrega certeza a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del Estado. Como Gobierno reafirmamos nuestro reconocimiento al trabajo diario de la función pública y al rol clave que cumplen las y los dirigentes sindicales en la defensa del Trabajo Decente, ya que este proyecto fortalece la libertad sindical y será refrendado íntegramente para que sea el Congreso quien evalúe y dirima sus contenidos en el próximo trámite legislativo".

Dentro de los artículos aprobados, destacan los referidos al guarismo del reajuste y los acuerdos económicos alcanzados con la Mesa del Sector Público, los que prorrogan la vigencia del teletrabajo hasta 2028 en servicios del Gobierno Central, universidades y centros de formación técnica del Estado, y Gobiernos Regionales; y el que establece que no cesarán en funciones al cumplir 75 años de edad las autoridades unipersonales electas y los académicos de las universidades estatales; que establece que los funcionarios de confianza que se desempeñan en loa gabinetes de Presidencia, ministerios y otras autoridades, deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026, entre otros.

De igual forma, la Cámara dio luz verde, entre otras materias, al artículo que vuelve permanente los incentivos al retiro para los funcionarios del Poder Judicial y médicos, el que perfecciona la normativa sobre indemnidad de las remuneraciones de funcionarios que son dirigentes de asociaciones; y el que pospone en un año el reavalúo de bienes raíces no agrícolas y agrícolas que el Servicio de Impuestos Internos debe realizar en 2027 y 2028, respectivamente. 

El proyecto está con discusión inmediata y su tramitación continúa este jueves en la Cámara Alta, donde el Ejecutivo repondrá algunos de los artículos que se rechazaron en esta etapa y que forman parte del acuerdo con la Mesa del Sector Público. 

Artículos rechazados  

Por no contar con quórum, se rechazaron 11 artículos, dentro de ellos el que incorpora la posibilidad de notificar a través del Domicilio Digital Único (DDU) en los procedimientos seguidos ante los Juzgados de Policía Local por infracciones a la prohibición de circular en caminos públicos donde opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin el dispositivo habilitado (TAG); el que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratas o renovación en condiciones distintas, cuyo objetivo es establecer que dichas acciones deben formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados -que salió con su redacción original de la Comisión de Hacienda, es decir, dos años de antigüedad para alegar ante la CGR-.

En la misma línea, la Cámara rechazó el artículo que habilita a las empresas y sociedades del Estado a recibir recursos de los Gobiernos Regionales; el que busca actualizar el objeto legal de Correos de Chile para habilitar la prestación de servicios logísticos por medios físicos, digitales o híbridos; el que habilita a ENAP a participar en proyectos de Hidrógeno Verde; y finalmente el que modifica el calendario de instalación de 13 Servicios Locales de Educación (SLEP).