Por unanimidad, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes en general el proyecto que establece la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad (Boletín 16799-05), cuyo propósito será fomentar y evaluar la efectividad, eficiencia y coordinación de las políticas, normativas, planes y programas de las entidades del Estado, así como promover buenas prácticas regulatorias para mejorar la respuesta y efectividad de los servicios públicos ante las demandas ciudadanas. Este proyecto es uno de los 21 incluidos en el fast track económico acordado entre el Ejecutivo y las presidencias de ambas cámaras del Congreso. Con este avance, la iniciativa que también fue despachada en particular, pasará a segundo trámite constitucional en el Senado. 

La ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner, indicó que la favorable votación en general revela que hay un amplio consenso político sobre la necesidad de crear esta Agencia: “Durante la tramitación de este proyecto en la Comisión de Hacienda se perfeccionó la Gobernanza de la Agencia, separando el consejo de la dirección ejecutiva. Adicionalmente, se incluyó la evaluación de impacto regulatorio, y no solo de normas de rango legal sino que también reglamentario”.

La nueva Agencia reforzará la institucionalidad de la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), y además integrará al equipo de evaluaciones ex post de la Dirección de Presupuesto. 

Como parte de sus funciones, la Agencia estará encargada de evaluar políticas públicas generales, con foco en la eficacia para el logro de sus resultados; evaluación posterior de programas públicas; coordinar la evaluación previa del impacto regulatorio de proyectos de ley y reglamentos, incluyendo su interacción con otras regulaciones vigentes; promover las buenas prácticas regulatorias de acuerdo con los estándares internacionales; emitir un informe anual sobre la productividad del país; y diseñar y acompañar la implementación de planes de mejora para el seguimiento de las recomendaciones tras el proceso de evaluación, entre otras funciones.

Adicionalmente, también tendrá la potestad de pedir a otros organismos del Estado la información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones